POR: PAOLA ROJAS

En Francia, una protesta contra el costo de la vida y las malas condiciones de la educación terminó este sábado con vitrinas rotas y las Galerías Lafayette saqueadas.

La marcha fue mayormente pacífica por la tarde; pero al anochecer todo se descompuso. Hubo barricadas en llamas, autos incendiados y encapuchados que saquearon tiendas de lujo en París, Marsella, Lyon, Burdeos y otras ciudades.

Cerca de mil 200 personas fueron detenidas y más de 150 policías y gendarmes resultaron heridos. Cifras que resaltan el dilema de toda democracia: cómo garantizar la calle sin entregarla al vandalismo, y cómo contener la violencia sin caer en la represión.

La libre manifestación está en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La ONU plantea que la protesta se presume pacífica, que los actos vandálicos de algunos no convierten en violenta a toda la marcha, y que la fuerza sólo cabe como último recurso, de forma necesaria y proporcional.

Apenas el 11 de octubre, hubo una manifestación en Guadalajara para exigir agua limpia. Luego de meses de abrir la llave y encontrarse con un líquido café que nadie se atrevería a beber, los ciudadanos se organizaron para salir a protestar.

Fue una marcha mayoritariamente pacífica, pero en las cercanías de Casa Jalisco hubo violencia y detenciones.

Dos días después, el gobernador Pablo Lemus admitió que hubo uso excesivo de la fuerza y detenciones injustas, liberó a los detenidos y prometió reparación del daño y no repetición.

Reconocer el error fue lo correcto, y no es frecuente. Pero el gobernador también habló de un “grupo de choque”, de 400 encapuchados y de 28 policías heridos.

Ambas cosas pueden ser ciertas a la vez. Justo por eso la respuesta debió ser quirúrgica: aislar a los violentos y no rociar a toda una multitud que incluía niños, adultos mayores y periodistas.

Ayer 18 de octubre, se realizó una segunda marcha en Guadalajara. Sólo que esta vez acudieron observadores de las Comisiones nacional y estatal de derechos humanos.

Fue interesante observar a ciudadanos expulsando al bloque negro que violenta y resta legitimidad a quienes defienden en las calles una causa justa.

La Ciudad de México, por su parte, convive con las protestas a diario: bloqueos en Reforma, plantones en el Zócalo y marchas con demandas de todos los estados del país. La consigna es nunca reprimir.

El problema es que eso ha sido aprovechado por grupos de delincuentes que saquean tiendas y se llevan impunemente botines millonarios. Un buen ejemplo son los robos a las joyerías del centro histórico en la marcha del 2 de octubre del año pasado.

No se puede permitir que la violencia avance sin control hasta rebasar a la policía, pero tampoco está bien tratar a toda la multitud como enemiga.

La autoridad debe intervenir sobre quien rompe, roba, incendia o agrede, con detenciones selectivas y documentadas, no con dispersiones masivas.

Eso en el caos de una manifestación es complicado, pero hoy existe la tecnología para lograrlo. Acceder a las imágenes de las cámaras de seguridad es una vía para rendir cuentas, tanto en el uso de la fuerza como en la prevención del delito.

Protestar es un derecho y garantizarlo también significa impedir que unos cuantos lo secuestren con piedras y saqueos.

No se trata de elegir entre orden y libertad, se trata de exigir que el Estado sepa distinguir entre quien protesta y quien delinque, y que actúe contra el segundo sin castigar al primero.

Mientras eso no suceda, el derecho a la libre manifestación en México seguirá estando vulnerado.