Guadalajara.- La diputada Ana Bertha Guzmán Alatorre informó que presentará una iniciativa en las que exhortará a las autoridades municipales y estatales a que ejerzan más control sobre los servicios que prestan las clínicas, estéticas y salones de belleza.

Explicó que los establecimientos dedicados a aplicar tratamientos cosméticos, tatuajes, masajes reductivos, entre otros, llegan a ofertar inyecciones de diversas sustancias o aceites que pueden atentar contra la salud de las personas.

Añadió que muchas personas afectadas no presentan quejas o denuncias por falta de pruebas o elementos que sustenten las anomalías, o por la vergüenza de haberse sometido a tales servicios.

Por lo tanto, hará un exhorto al Poder Ejecutivo del estado para que a través de la Secretaría de Salud se promuevan acciones que refuercen la vigilancia sobre la publicidad que hacen ese tipo de giros, a efecto de tomar las medidas conducentes y evitar que prometan o realicen procedimientos del acto médico.

A la Secretaría de Educación se le solicitará que verifique el otorgamiento de validez de estudios sobre esas actividades, para que no invadan el campo médico en tanto se trate sólo de capacitación para el trabajo.

El llamado a los ayuntamientos será para que revisen y en su caso modifiquen el marco regulatorio en materia de licencias, específicamente en las denominadas clínicas, estéticas, cosméticas, salas de belleza, masajes.

El fin es que de manera precisa señalen qué tipo de actividades pueden corresponder a cada negocio, ya que hay vacíos en la categorización, y que se establezca una normalización con la Ley General de Salud, su reglamento y demás ordenamientos.

Otra iniciativa que hará la diputada será una relativa a que no se descuente a los servidores públicos más del 30 por ciento de su salario por haber contraído adeudos con empresas particulares que venden bienes muebles o prestan dinero, por ello se hará un exhorto a la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado.

La diputada hizo notar que sólo puede descontarse más del 30 por ciento a un trabajador por mandato judicial, si ha recibido un financiamiento hipotecario del Instituto de Pensiones del Estado o por un adeudo con el mismo.

Además, la legisladora puso en duda la legalidad de los convenios que celebran las autoridades con empresas privadas o comercializadoras para hacer los cobros vía nómina.

En esta iniciativa, también planteará incluir un inciso al artículo 49 de la Ley para los Servidores Público, que agregue posibilitar la suscripción de convenios de trabajadores, a petición de parte, cuando se trate de adquirir y pagar seguros o la previsión funeral, haciéndose los descuentos correspondientes de los salarios.