Ciudad de México.- El 23 de mayo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que la reforma al Poder Judicial, iniciativa promovida por la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, es constitucional.

Esta decisión fue tomada en el pleno de la Corte durante la acción de inconstitucionalidad 191/2024, donde se determinó no invalidar ninguno de los artículos reformados.

Aspectos destacados de la reforma:

– Oficinas Municipales: Se establecerán oficinas del Poder Judicial en cada municipio, acercando la justicia a todos los ciudadanos.

– Incremento de Jueces: Se aumentará en más de 15 el número de jueces, lo que ayudará a reducir el rezago en recursos de apelación.

– Sala de lo Familiar: Por primera vez, Aguascalientes contará con una sala de lo familiar, mejorando la atención a los casos relacionados con el derecho familiar.

– Medios de Impugnación Constitucionales: Se implementarán medios de impugnación constitucionales en el estado, fortaleciendo el sistema de justicia.

– Presupuesto Histórico: Se establecerá un piso presupuestal histórico para el Poder Judicial, asegurando recursos adecuados para su funcionamiento.

– Independencia Judicial: Se garantiza la independencia judicial al conformarse un consejo de la judicatura con mayoría de votos del Poder Judicial.

La reforma incluye diversas adiciones y modificaciones constitucionales que mejoran el funcionamiento del Poder Judicial. Entre estas modificaciones, se destaca la creación del nuevo Tribunal de Justicia Administrativa en el estado y la Sala Constitucional Local, conformada por cinco magistrados electos por el Supremo Tribunal de Justicia del Poder Judicial.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el Decreto 405, publicado el 8 de agosto de 2023, que contiene estas adiciones y modificaciones constitucionales, respeta los principios de autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto a los derechos humanos. Asimismo, garantiza la justicia pronta y expedita, sin violentar la Constitución. El decreto aborda aspectos como el escalonamiento de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa y del Supremo Tribunal de Justicia, los requisitos para ser fiscal general del Estado, y los plazos para promover controversias locales.

Esta reforma representa un paso significativo hacia la modernización y fortalecimiento del sistema judicial en Aguascalientes, promoviendo una justicia más accesible, eficiente y autónoma.